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Las universidades, contra la cotización de las prácticas no remuneradas.

14/01/19

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Becas

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  • prácticas
  • normativa

Las universidades se han mostrado contrarias a la nueva normativa que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes universitarios que realizan prácticas no remuneradas.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, ha asegurado al periódico 'La Verdad' que la medida «va directamente contra la línea de flotación del enorme esfuerzo que hemos realizado en los últimos años para incentivar las prácticas en empresas. Obligar a la cotización es un escollo y un palo en la rueda de las relaciones entre las universidades y las empresas, y la consecuencia evidente es que habrá menos oportunidades para nuestros alumnos, que mejoran sus competencias con esas prácticas».

El coste es, para el rector de la UMU, José Luján, «difícilmente asumible» para las universidades, y casi implanteable a las empresas y organismos que forman a los alumnos. Para el rector de la UMU, la solución pasa por la bonificación al 100% de esas cuotas por parte del Estado, según la información publicada hoy por Fuensanta Carreres.

Crue Universidades Españolas emitió el pasado viernes un comunicado en el que «celebra el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social», pero muestra «su gran preocupación por las posibles repercusiones de esta disposición, así como su malestar por no haber tenido conocimiento de la misma previo a su publicación en el BOE. Crue encuentra problemas importantes en el Real Decreto–ley, tanto en la concepción de lo que son las prácticas, como en su aplicación concreta, fundamentalmente en lo referido a quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes, lo que puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades. Por ello, Crue solicita al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo con las universidades para abordar el desarrollo normativo previsto en la propia disposición mencionada».




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